El Consejo General del Trabajo Social saluda con satisfacción, la voluntad del Gobierno de pretender blindar como AUTORIDAD PÚBLICA a los y las funcionarias de servicios sociales que ejerzan en «situaciones de emergencia» vinculadas a la infancia, según anunció la ministra de Sanidad, Bienestar Social y Consumo, María Luisa Carcedo, en un acto del Fórum Europa.
Como así, lo recogerá el anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia que, previsiblemente, se llevará al Consejo de Ministros este viernes, 28 de diciembre.
Sin lugar a dudas, esta iniciativa de proteger a los y las trabajadoras sociales que ejercen sus funciones en ámbitos relacionados con la infancia, al considerarles figura de autoridad, ante cualquier agresión sufrida en el ejercicio de sus funciones, considerándose como un delito de atentado a la autoridad, nos parece una medida necesaria y razonable, pues el incremento de agresiones tanto verbales como físicas, están siendo frecuentes, poniendo en riesgo en muchos casos la integridad física de los y las trabajadoras sociales. Desde el CGTS que representa a más de 40.000 trabajadores sociales de los 36 colegios profesionales de todo el territorio, ya venimos señalamos la necesidad de un Pacto de Estado por la Infancia y los Servicios Sociales ya que:
• Existen grandes carencias en los servicios sociales de zona de programas de apoyo a la infancia en riesgo, asimismo existe un reparto desigual de los mismos, existiendo más posibilidades en las ciudades que en los entornos rurales.
• Existe una carencia de una normativa básica a nivel estatal en servicios sociales que permita garantizar un mínimo marco en todo el Estado en cuanto a recursos para la protección de la infancia y una escasa estabilidad en el empleo de los equipos profesionales especializados en infancia y familia.
La clara insuficiencia de recursos en la proximidad hace que sea necesario el refuerzo necesario de los servicios de apoyo a las familias, tanto para la prevención como para el acompañamiento en todas las Comunidades Autónomas. El papel de los municipios en la detección del riesgo y la puesta en marcha de medidas para propiciar el apoyo necesario antes de la declaración de desamparo evitaría el deterioro de muchos casos e incluso llegar a la propia declaración desamparo de muchos niños y niñas.
Aplaudimos igualmente, que esta futura Ley de Violencia Contra la Infancia establezca la obligación de comunicar los delitos contra los y las menores, garantizando la confidencialidad y el anonimato del y de la denunciante, o crear una nueva figura en centros educativos que se responsabilice de prevenir la violencia infantil y establecer protocolos, o también, evitar que los delitos por abuso infantil no prescriban, establecer la obligación de protocolos no sólo en colegios e institutos, sino también en el ámbito sanitario, de los servicios sociales o clubes deportivos y de infantiles.
Sin embargo, consideremos insuficiente esta iniciativa pues la situación del incremento de las agresiones, en forma de amenazas verbales, insultos, descalificaciones personales y profesionales, así como, llegar a las agresiones físicas, son escenas bien habituales en los centros y dispositivos donde los y las trabajadoras sociales desempeñan sus funciones.
La Comunidad Autónoma de Aragon cuenta desde 2013 con una Ley de Autoridad de profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales públicos. Solicitamos al Ministerio que, articule normativamente esta medida y la haga extensiva a todos y todas las trabajadores sociales en general, pues en otros ámbitos de la intervención del trabajo social (violencia de género, protección a las personas dependientes, etc…) ser considerados/as como figura de autoridad sería igualmente necesario.
